Frente al claro deterioro de la adminstración de justicia en Guatemala agudizado por el nuevo antejuicio contra la Jueza Erika Aifán y ante el retroceso acelerado del estado de derecho, los ciudadanos y ciudadanas y organizaciones firmantes manifestamos:
En las últimas décadas hemos pasado por diferentes etapas que nos han llevado de la esperanza de lograr consolidar los cambios necesarios para sentar las bases de un modelo de desarrollo incluyente expresado en los Acuerdos de Paz; la evidencia del actuar del Estado paralelo – criminal y de los actores que lo conforman, gracias a los casos expuestos por la Comision Internacional contra la Impunidad en Guatemala; a la época actual dónde la sociedad es víctima de un proceso apurado de restauración de la época obscura de la represión y la impunidad.
Desde el gobierno anterior hemos visto cómo se ha perdido las separación de poderes propios de una república democrática, se ha transgredido la ley en toda forma por parte de quiénes tienen la obligación de cumplirla y respetarla desdeñando la misma Constitución para mantener magistrados fuera del tiempo estipulado y constituyendo Cortes con funcionarios señalados por graves hechos de corrupción en el exterior, que corresponden igualmente a acciones ilegales realizadas al amparo de la impunidad que tiende a ser la prioritaria acción del Estado, cada vez más.
Nos enfrentamos hoy a acciones deliberadas cometidas por funcionarios en todos los poderes, que intentan despojarnos de la capacidad de expresarnos, de auditar las acciones indebidas que se cometen cada día, tanto a través de la represión cómo a la persecución penal espuria, utilizando el aparato de justicia y seguridad para perseguir y acallar a la ciudadanía y no para defenderla, como deberías ser su fin primordial. Por otra parte vemos con asombro cómo los condenados anteriormente por corrupción se ven liberados de toda culpa, pareciendo ser el fin primordial de algunas Cortes el garantizar impunidad a quiénes se unieron para desfalcar las arcas del Estado privando de los recursos para el desarrollo a toda la sociedad, o a quiénes han utilizado las instituciones para garantizar prebendas e intereses contrarios al bien común.
Estamos conscientes que sólo la unión entre los diferentes pueblos, sectores, personas, desde una visión ecuménica, incluyente, teniendo como objetivo la búsqueda del bien común puede revertir el intento de las fuerzas oscuras que tienen capturado al Estado. Por ello hoy es vital respaldar a aquellos funcionarios que contra viento y marea siguen testimoniando que es posible hacer justicia y combatir la corrupción. Por ello, respaldamos a los jueces y juezas que se ven perseguidos por no ceder a las presiones de los funcionarios corruptos, cumpliendo con su deber a toda costa.
Demandamos la depuración de los tres poderes del Estado y que procedan en primer lugar a destituir a aquellos funcionarios que han sido señalados, incluso internacionalmente, ya que en estos momentos se constituyen en cómplices al mantenerlos. Una Corte de Constitucionalidad; una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público encabezados por magistrados y funcionarios señalados, dejan sin sustento todas las decisiones tomadas por esos órganos, haciendo un daño inimaginable al imperio de la Ley. Es urgente limpiar esos organismos y recuperar la credibilidad de la población en una justicia proba y eficiente, igual para todos.
Guatemala 17 de enero 2022