Hace 42 años, el 31 de enero de 1980, el mundo se estremeció ante la noticia de que un grupo de campesinos y campesinas, mayoritariamente indígenas, provenientes de distintos departamentos del país, junto a mujeres y hombres estudiantes universitarios, pobladores de asentamientos, obreros y cristianos conscientes y comprometidos con la lucha contra la pobreza, que exigían el cese de la represión y masacres que ya se estaban dando en el norte de El Quiché, además de funcionarios de la embajada, fueron quemados vivos por las fuerzas gubernamentales, en la Embajada de España en Guatemala.
La brutalidad y la violación de toda norma y ley que implicó el asalto a la Embajada de España así como la invisibilización de este hecho por los sectores dominantes y la ausencia de dignificación de quienes fueron masacrados el 31 de enero de 1980 hacen que éste sea un caso paradigmático que reafirma la necesidad de continuar luchando por la justicia y contra la impunidad, aún después de 42 años, que hay responsables de la Masacre de la Embajada de España que siguen impunes y se hace más necesaria en
estos días en los que fuerzas antidemocráticas, corruptas y regresivas pretenden copar totalmente lasCortes a distinto nivel.
La Masacre de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, vino a significar un parteaguas en la historia moderna de Guatemala, que evidenció la voluntad de imponer a sangre y fuego una política contrainsurgente que incluyó a la población civil como un objetivo militar y que provocó el asesinato indiscriminado de más de 200 mil personas; la política de “tierra arrasada” como una “estrategia militar” que llevó al arrasamiento de al menos 400 aldeas indígenas y campesinas, especialmente en el noroccidente del país, así como la aplicación el exterminio de los pueblos indígenas.
Si bien después de la finalización del Conflicto Armado Interno, el Estado de Guatemala se vio obligado a reconocer en algunos casos, su responsabilidad sobre estos hechos, los operadores políticos gubernamentales de todos los gobiernos que se sucedieron desde entonces, generalmente vinculados a los grupos empresariales y conservadores del país, se han dado a la tarea de negar el Genocidio, incumplir con las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hacer retroceder los pasos que
se han dado en materia de reconocimiento de la justicia y mantener una política de debilitamiento de la institucionalidad de la paz.
El mantenimiento de la impunidad y la corrupción a lo largo de los años, ha facilitado que muchas violaciones a los Derechos Humanos queden impunes y no fue sino, hasta después de 30 años que se comenzaron a juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos; sin embargo, los intentos por mantener el manto de impunidad continúan y en esta misma dirección, el gobierno actual no es la excepción.
Pero esos intentos de mantener la impunidad chocan contra la valentía y dignidad, como recientemente sucedió con las Mujeres Achí que, después de más de 40 años de sucedidos los hechos y más de 10 años que se interpuso la demanda, lograron llevar a los tribunales a responsables de las vejaciones que sufrieron y una sentencia condenatoria y reparadora. Hechos como esos nos animan a seguir luchando por enfrentar la impunidad. Por ello, rendimos homenaje a nuestros héroes y mártires y a quienes incansablemente luchan por la justicia.
IXIMULEW, 31 DE ENERO 2022