El estado de sitio vigente en el municipio de El Estor, Izabal representa para los pobladores q’eqchi’ una amenaza ya que desarticula la organización comunitaria; este estado de sitio tiene como objetivo primordial beneficiar a la industria minera, en clara violación a los derechos de la población a participar y decidir sobre proyectos que comprometen el futuro ambiental de la región.
Las políticas desarrolladas en medio del estado de sitio contravienen todo precepto de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, sometiendo e intensificando el racismo, discriminación, criminalización y el menosprecio de la vida de las poblaciones originarias.
Con la instauración del estado de sitio, el gobierno de turno, y todo el aparato estatal deja entre dicho la soberanía nacional, al disponer de la estructura estatal para el servicio de los intereses económicos transnacionales, con la vergonzosa regalía que representa el 1% para el Estado por la extracción y destrucción de los bienes de la nación, obviando la relación histórica del Pueblo Q’eqchi con su entorno, su medio natural, ríos y montañas.
Siendo El Estor un municipio con más del 91,3% de población de origen maya q´eqchi, con altos índices de pobreza que alcanza el 89,9% y abandono institucional gubernamental en servicios básicos, el estado de sitio solo viene a ratificar el grado de dependencia y sometimiento de Guatemala a los intereses económicos transnacionales, cual país colonizado.
La exclusión del Consejo de Comunidades Mayas Q’eqchi y la Gremial de Pescadores Artesanales a la preconsulta, derivo manifestaciones pacíficas por más de 20 días de la población que ha exigido la realización de la consulta, previa, libre e informada, para dar cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad de detener las operaciones del proyecto minero Fénix de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel CGN Pronico, filial de Solwey Investment Group, acción por la cual el gobierno decreto el estado de sitio, ante ello, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, de mujeres y Autoridades Ancestrales de los pueblos indígenas realizamos observación “In situ” sobre las garantías de cumplimiento de respeto a los Derechos Humanos de la población q’eqchi’ del municipio de El Estor, Izabal, durante los días 27, 28, 29 y 30 de octubre del 2021 .
Previo a la visita, la comisión advirtió a las fuerzas militares y policiales, sobre el papel de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos, tal y como lo señala el Artículo 6 de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas: “Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos”
Durante su visita la comisión entrevistó, líderes comunitarios, medios comunitarios alternativos, mujeres, jóvenes, niños afectados por el “estado de sitio”, en estas entrevistas la comisión constató:
- Que en el territorio se vive una situación de persecución contra la dirigencia comunitaria y organizaciones gremiales, método propio en un estado de guerra que solo se ha vivido durante los años más cruentos del conflicto armado interno, situación que intensifica los estigmas negativos en contra de comunidades rurales en comparación a la población del casco urbano, vulnerando la integridad física y vida de la dirigencia y comunidades que exigen el respeto y cumplimiento de elementales derechos humanos y por su rechazo a la actividad minera en el área.
- Que las instancias gubernamentales responsables de la aplicación de justicia, que criminalizan a lideres comunitarios, operan con órdenes judiciales ya ejecutadas y resueltas por tribunal correspondiente.
- Que oficiales del ejército vestidos de civil incursionaron en las comunidades en pickup de doble tracción, con hojas de papel con fotografías de personas con supuestas órdenes de captura, contradiciendo la versión del ejército de no tener facultades de ejecución de órdenes judiciales, de cateos y capturas, como hicieron saber en su momento, en entrevista con el coronel a cargo de la institución armada.
- El asedio, zozobra y miedo que son objeto las comunidades a través del excesivo despliegue de elementos de las fuerzas del ejército y de la policía nacional civil el cual ha generado un conflicto social ante el cierre de las rutas de acceso, que impide la libre locomoción y desarrollo del trabajo agrícola en la temporada de recolecta de las cosechas para el consumo interno y pequeño comercio, además de la creciente incertidumbre por la posible detención de los jefes de hogar y familias mientras desarrollan su trabajo agrícola.
- El exceso de presencia de elementos de la policía y el ejército ponen en alto riesgo la seguridad alimentaria, lo que incrementará la desnutrición, hambre y pobreza,
- Ante la infiltración de las fuerzas de seguridad y militar en las comunidades se denuncia que no podrán cultivar la segunda siembra por temor a ser capturados, violentados y criminalizados
- La existencia de efecto psicológico negativo influye en la población infantil y mujeres en la realización de sus actividades cotidianas, ante la presencia masiva de elementos de policía y ejército.
- Las denuncias indican que se está llevando a cabo un proceso de consulta viciada para favorecer los intereses de la actividad minera.
- Las resistencias pacíficas instaladas por las comunidades fueron para solicitar el cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad para frenar actividad minera hasta que se realice la consulta, resistencias que fueron empañadas por acciones violentas, para contar con argumentos espurios que conllevarán a la instalación del estado de sitio. La resistencia pacíficas, en ningún momento quisieron dañar la economía de la población, se denuncia que fueron los grupos de choque, con vínculos a las empresas, quienes realizaron violencia y cobro ilegal de 50, 100 hasta 200 quetzales por transporte.
Ante estás indignas condiciones como Comisión de Verificación de Derechos Humanos EXIGIMOS al gobierno de Alejadro Giammattei:
- El cese inmediato del estado de sitio y el cese de la persecución en contra de los líderes y organización comunitaria que exigen el cumplimiento de las leyes vigentes del país.
- Asumir la responsabilidad de defender los intereses de la población guatemalteca y deje de ser servil a los intereses económicos de la oligarquía nacional y de las economías transnacionales.
- Apegarse al respeto a los derechos humanos y el respeto a la consulta de los pueblos indígenas según lo establece el Convenio 169 de la OIT.
A la Corte de Constitucionalidad,
- Hacer cumplir la resolución de suspensión de funciones de la empresa minera.
- La realización de la consulta comunitaria a través de los mecanismos establecidos en el Convenio 169 de OIT la cual indica se debe realizar a través de sus autoridades legítimas y reconocida por los pueblos Indígenas.
Al Ministerio Público:
- Investigar el abuso de poder contra las comunidades, líderes y periodistas independientes.
A la población en general y organización comunitaria:
- Demandar al Estado de Guatemala respeto y protección de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
- Levantar la voz para defender los derechos humanos de las poblaciones originarios y la unidad de acción para defender los bienes naturales del país y de la Madre Tierra.
- Declararnos en comisión permanente de verificación para el complimiento de los derechos humanos de la población q’eqchi de El Estor, Izabal.
Nunca más una Guatemala sin los Pueblos ¡Con todos los pueblos Florecerás Guatemala!
Iximulew, Oxlajuj Kame – Guatemala 10 de noviembre 2021
COMISIÓN DE VERIFICACIÓN
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej
Asamblea Social y Popular ASP
Movimiento de Mujeres Indígenas Tzununija’
Consejo del Pueblo Kiche, (CPK, Quiché)
Revista Feminista La Cuerda
Movimiento de comunidades en defensa del Agua Qana’ Ch’och’