En 300 años de colonialismo y 200 de vida república los pueblos indígenas hemos sido el bastión de la economía y producción bajo regímenes de sometimiento y esclavitud, pese a las condiciones adversas, nuestra lucha por el reconocimiento como sujetos de derecho, en un sistema impuesto, ha sido constante a costa de muerte, persecución, criminalización y cárcel.
Ningún régimen ha concedido derecho alguno, ha sido la lucha de nuestros ancestros la que ha logrado arrebatar condiciones de dignidad para nuestros pueblos y sectores económicamente vulnerables, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas firmado en marzo de 1995 en el marco del proceso de diálogo por la paz, es hasta la actualidad, una de esas posibilidades para avanzar en el reconocimiento de derechos y trazar una ruta de reconocimiento de un Estado Plurinacional para mejores condiciones de vida, no solo para pueblos indígenas, sino para el pueblo guatemalteco en general.
A 26 años de la vigencia del Acuerdo, los poderes de Estado; Ejecutivo, Legislativo y Judicial lejos de mostrar voluntad política para avanzar en la modernización del Estado, se postulan como obstáculo para la construcción de la paz, conduciendo al país a un régimen totalitario, dictatorial y racista, cuando niegan toda posibilidad del reconocimiento de derechos políticos, económicos, jurídicos de los pueblos indígenas.
Negando la libre expresión de los pueblos al bloquear los procesos de democratización del espectro radioeléctrico, al estancar la iniciativa de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria y seguir beneficiando a un sector económicamente privilegiado a lo largo de la historia.
Los tres poderes del Estado siguen negando el sistema de jurisdicción de pueblos indígenas, pese a ser un bastión efectivo en el acceso y aplicación de justicia para el bienestar del país desde las regiones indígenas.
Niegan el derecho a la salud cuando bloquean la Ley de Dignificación de Abuelas Comadronas, así como la negación de los conocimientos ancestrales, que ha favorecido al resguardo de la salud de los pueblos en donde el Estado carece o tiene poca presencia.
Somos un país eminentemente agrícola, sin embargo, se sigue obstaculizando la certeza jurídica sobre territorios comunales, la administración de bienes naturales como los ríos, bosques, centros de recreación y la usurpación de territorios a favor de empresas transnacionales de las industrias extractivas y de monocultivos en detrimento de la vida de poblaciones indígenas y de la soberanía nacional.
A 26 años de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
a los tres poderes del Estado EXIGIMOS:
Voluntad política para legislar a favor de los pueblos indígenas desentrampando las iniciativas de ley: Ley de Dignificación de las Comadronas (5357), Ley de Medios de Comunicación Comunitaria (4087), Ley de propiedad intelectual colectiva indígena de textiles (5247), Ley Nacional de Idiomas Indígenas (5606) entre otras.
Cumplir con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad para el efectivo ejercicio del derecho a la Consulta, sobre asuntos que competen a pueblos indígenas dentro de sus territorios.
El cese a la persecución y criminalización por el libre ejercicio de defensa de derechos humanos y de territorios ancestrales.
El respeto y reconocimiento de los sistemas de jurisdicción indígena en materia de justicia, administración y organización de los pueblos.
Iximulew, Julajuj Iq’
Guatemala, 31 de marzo de 2021