Rechazamos la consolidación del pacto de corruptos e impunidad y del proyecto extractivista neoliberal, la cual quiere consolidarse con la elección de Roberto Molina Barreto como Magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.
La elección de Roberto Molina Barreto como Magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da un nuevo golpe de muerte a la ya precaria institucionalidad del sistema de justicia en el país y el Estado democrático de derecho, al no contemplarse, una vez más, las demandas ciudadanas y las diversas denuncias sobre falta de transparencia, honorabilidad, independencia e imparcialidad en la elección y nombramiento de magistraturas del poder judicial.
Con la elección de Roberto Molina Barreto, conocido como el “juez pro-impunidad”, se consolida el pacto de corruptos e impunidad que mantiene al Estado y a las máximas instituciones de justicia (CC, CSJ, Cortes de Apelaciones), cooptadas y capturadas por las redes políticas-empresariales-criminales, que operan tanto desde el poder ejecutivo (Gobierno), como desde el legislativo (Congreso). Cooptación en alianza con el sector privado, especialmente con empresas constructoras y extractivas nacionales y extranjeras, en todos los niveles del territorio guatemalteco, para garantizar la implementación y continuidad del proyecto extractivista neoliberal, la violencia y el despojo, en contra de las mayorías sociales, las mujeres, las comunidades y los pueblos originarios.
La moción privilegiada, planteada por el diputado del Partido de Avanzada Nacional, Manuel Conde, fue parte de este proceso viciado al incorporar en la agenda legislativa del 10 de noviembre, de urgencia, el nombramiento de Roberto Molina como magistrado titular de la CC, y a Rosales Mirón, como magistrado suplente, oficializada a través del Acuerdo Legislativo 17-2020, con 120 votos favorables, es muestra del interés de la integración de CSJ actual y la mayoría en el Congreso de que siga operando a sus anchas el pacto de corruptos. Esta elección busca garantizar un estado permanente de impunidad; especialmente de actos ilícitos y criminales de funcionarios, políticos, militares y empresarios, para que no se les investiguen, tener sentencias y recursos de amparo favorables, y al Estado como un botín de negocios ajustados a sus intereses mafiosos.
Este procedimiento express por parte del Congreso se contrapone a su ineficiencia para elegir magistrados a la CSJ y Cortes de Apelaciones, y la dilatación del proceso por más de un año, irrespetando la sentencia de amparo de la CC, dentro del expediente 1169-2020, que expedita de urgencia la elección de dichas magistraturas. Este retardo malintencionado mantiene en la inoperabilidad al sistema de justicia para la defensa de los derechos individuales y colectivos de las mayorías sociales.
Elegir a un personaje poco idóneo como Roberto Molina Barreto demuestra lo viciado del proceso. Molina Barreto es un personaje oscuro, cuyo actuar como abogado y como ex magistrado, en varias ocasiones en la CC y CSJ, ha demostrado su vínculo y la defensa irrestricta de estos intereses mafiosos, de las empresas extractivas, el sector privado y de corporaciones involucradas en hechos ilícitos, donde se incluyen personajes nefastos que han cometido crímenes de lesa humanidad.
Con alianzas con empresas como Vestex y Cementos Progreso, de las que recibió donaciones para su asociación Fudacívica para un Mejor País, mientras que fue magistrado, favoreció la suspensión de impuestos a empresas y votó a favor de salarios diferenciados por debajo del mínimo para los trabajadores y las trabajadoras. También, se lo vincula con Gustavo Adolfo Herrera Castillo (a través de la corporación Represa Internacional S. A., de la que fue abogado), quién está prófugo de la justicia por el caso Fénix (desfalco millonario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–), y quien también fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de operar en la elección amañada de magistrados de la CSJ y Sala de Apelaciones en 2014.
Asimismo, Roberto Molina Barreto, ha intervenido en procesos para garantizar la impunidad a jueces electos en procesos amañados, y a militares, empresarios y políticos, como son el caso de la protección de ex presidente Otto Pérez Molina para que no se le retirara la inmunidad y fuese procesado, o el voto a favor para la anulación de la sentencia por Genocidio contra Efraín Ríos Montt en 2013. Su vínculo con personajes y partidos de ultraderecha acusados de corrupción y crímenes de lesa humanidad, como el Partido Patriota y el difunto ex general Ríos Montt, lo llevó también a postularse como vicepresidenciable del partido Valor en el 2018, en el binomio encabezado por la hija de éste, Zury Ríos.
Ante esta situación, los Pueblos Originarios, Autoridades Ancestrales, Resistencias, Organizaciones Populares, de Mujeres, Feministas, Juventudes, Estudiantes Universitarios, Académicas, Académicos y colectivos que integramos la Asamblea Social y Popular hacemos un urgente llamado todas las fuerzas sociales democráticas a seguir en el esfuerzo de articulación en las luchas, a seguir resistiendo, movilizándonos y protestando contra el pacto de corruptos e impunidad. Luchemos contra un Estado capturado por mafias políticas-empresariales-militares, que imponen la lógica del despojo y empobrecimiento como una política institucionalizada hacia la mayoría de la población. Ante esto es urgente seguir fortaleciendo el poder social y popular destituyente que sea decolonial, anti patriarcal, anti capitalista neoliberal para un nuevo proyecto constituyente plurinacional, multisectorial, popular, democrático y diverso.
Guatemala, 11 de noviembre 2020