Hoy 14 de noviembre organizaciones de la sociedad civil presentamos una acción de amparo en contra del proceso de elección que realizó la Corte Suprema de Justicia para designar a los señores Roberto Molina Barreto y Jorge Rosales como magistrados de la Corte de Constitucionalidad el proceso de elección fue manipulado para favorecer la elección de dichos candidatos y no respetaron los requisitos que establece la ley.
El acta de convocatoria que publicó la presidencia de la CSJ el 30 de octubre para cubrir las vacantes de la CC no fue firmada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por lo tanto era ilegal. El acta 45-2020 de la convocatoria fue firmada por el pleno de la CSJ hasta el momento de realizar la elección, el 10 de noviembre, por tanto la convocatoria no se cumplió con los requisitos legales que manda la ley del Organismo Judicial y el Reglamento Interior de Tribunales en donde se establece que un documento obtiene validez cuando es firmado y sellado por cada magistrado.
En el acta de la convocatoria se lee que se permitiría la auditoria social del proceso de elección, sin embargo, no se estableció un período para presentar objeciones en contra de los aspirantes y el día de la elección la CSJ se negó a conocer las tachas que presentaron organizaciones de la sociedad civil en contra del candidato Roberto Molina Barreto por su falta de idoneidad y horabilidad para integrar la CC. Este acto arbitrario impidió la aplicación de los Principios Básicos de las Naciones Unidas y los criterios de las senctencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos sobre los procesos de elección de funcionarios judiciales con relación a la participación ciudadana, la realización de entrevistas, impugnaciones y el escrutinio de los sectores sociales.
Es ampliamente conocido que Roberto Molina Barreto no llena los requisitos de honorabilidad y de independencia que exigen la Constitución para los magistrados de las altas cortes porque es un miembro el partido político Valor y fue candidato a la vicepresidencia de la señora Zury Ríos, a quien la CC le negó su inscripción como candidata presidencial porque es hija de un exdictador acusado de genocidio y crimenes de lesa humanidad.
La manipulación del proceso también quedó evidenciada con la forma exprés en que el Congreso de la República juramentó el mismo día a los dos candidatos electos. Frente a los ojos de todo mundo quedó en evidencia que la elección y la juramentación pueron pactadas con la CSJ y la Junta Directiva del Congreso para impedir cualquier posibilidad de impugnaciones en contra de este proceso manipulado.
Esperamos que la CC otorgue el amparo para corregir el proceso anómalo y ordene que la CSJ realice una nueva convocatoria basada en la ley y sin preferencias ni arbitrariedades. La ciudadanía tiene derecho a exigir que las personas que lleguen a las altas cortes sean integras, capaces e independientes. No podemos permitir que el máximo tribunal del país queda en manos de personas que buscan proteger a los corruptos.
Guatemala 13 de noviembre 2020
Asociación de Estudiantes Universitarios AEU
Asamblea Social y Popular ASP
Alianza por Reformas